En definitiva, el PP está rompiendo el rumbo doctrinal, en relación a su definición como partido nacional, y ello le está conduciendo, irremediablemente, a su desmembramiento.
El Estatuto de Cataluña, aprobado en 2006 como Ley orgánica (6/2006) por Las Cortes, ha recibido tres recursos ante el Tribunal Constitucional que aún permanecen en espera de resolución: el de los diputados del PP, el del Defensor del Pueblo y el presentado por el Gobierno murciano, que se dirige contra el «blindaje» del río Ebro. El PP presentó recurso contra la mayoría de los artículos del Estatuto catalán, entre otros, los relativos a la suplantación de las competencias constitucionales del Defensor del Pueblo –cuyo titular es Enrique Múgica–, por parte de su homólogo autonómica, el Sindic de Greuges («síndico de quejas»), figura esta similar por sus funciones, y que, en Cataluña, está representada actualmente por el antes «comunista», ahora no se sabe qué, Rafael Ribó.
El recurso que Múgica presentó en su día contra el Estatuto catalán en este sentido coincide con el que presentaron los diputados populares: ambos denuncian la exclusividad que se le otorga en el nuevo estatuto a la figura autonómica, quedando fuera de la jurisdicción del Defensor del Pueblo la supervisión de la actividad de la Administración de la Generalidad o de los organismos públicos o privados vinculados o que dependan de la misma. De esta manera, si la ley estatutaria finalmente triunfa, nadie desde Cataluña podrá acudir al Defensor del Pueblo (español) para defender sus derechos.
Pues bien, permaneciendo aún a la espera de la resolución que tome el alto tribunal ante estos recursos, los correligionarios en el parlamento catalán de los diputados populares en el Congreso, con Alicia Sánchez Camacho a la cabeza, ya han decidido por su cuenta sobre tal extremo y, alineándose con el tripartito (PSC, ERC, ICV) y con CiU, han tenido a bien rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos al proyecto de «Ley del Síndic de Greuges». Ley, presentada por el tripartito en el Parlamento catalán y que, naturalmente, viene a ratificar el Estatuto en este sentido.
Y es que el desquiciamiento de la respuesta del PP ante el proceso de reforma estatutaria al que se está sometiendo a España en la actualidad no se reduce, desde luego, a este hecho -–de por sí muy grave–, sino que su alineamiento, incluso entusiasta a veces, a favor de la llamada «descentralización», que no es sino más bien una nueva feudalización de España, viene de muy atrás y, por supuesto, es anterior al famoso congreso de Valencia (en el que muchos sitúan un cambio de rumbo en el PP).
Sin duda en el seno del Partido Popular existen distintas facciones que adoptan distintas respuestas, algunas de ellas desde luego no alineadas, ante esta nueva vuelta de tuerca a favor del encastillamiento de las taifas autonómicas. Ahora bien, y sea como fuera, el hecho es que el principal partido de la oposición no ha sabido concertar una respuesta firme en contra de esta deriva fragmentaria, sirviendo muchas veces incluso de catalizador de la misma, siendo aquí, sin duda, en donde se haya su talón de Aquiles tanto doctrinal, como electoral.
Y es que, mientras este partido se mostraba muy combativo ante la deriva balcánica que representaba, y sigue representando, la aprobación del Estatuto catalán, a la vez, sin embargo, hacía entreguismo –-incluso combatiendo en el bando contrario– ante el Estatuto andaluz o valenciano. Es decir, y para decirlo de una vez, si bien el PP se resistió a la penetración legislativa de la idea de disolución de España promovida por los parlamentos catalán y vasco, no hizo lo mismo con esta idea cuando esta vino de Valencia o de Andalucía, contribuyendo el PP de manera decisiva a propagar esta idea hasta cuajar legislativamente en forma de Estatutos (el andaluz y valenciano).
En definitiva, lo ocurrido esta semana con el grupo parlamentario popular de Cataluña no es sino consecuencia de una política completamente errática y divagante por parte del PP en lo nacional.
Para muestra, algún botón, de los muchos que podrían presentarse, extraído del preámbulo estatutario andaluz, aprobado por el PP, reconoce «una Andalucía libre y solidaria en el marco de la unidad de los pueblos de España, por reivindicar el derecho a la autonomía y la posibilidad de decidir su futuro » (Estatuto de Andalucía, 2006).
Esto aprobó el PP andaluz, y se ratificó por el grupo parlamentario popular en las Cortes, sin ningún problema ni rubor: ¿y qué?, ¿acaso es que al «pueblo andaluz» le fue imposible «decidir su futuro» hasta que no se constituyó en autonomía? ¿era Andalucía esclava e insolidaria con anterioridad a la formación de las Juntas Liberalistas lideradas por el musulmán Blas Infante?
Incluso una pseudoidea como la «Alianza de Civilizaciones», que preside la actividad diplomática internacional del gobierno de Zapatero, y que el PP con razón ha denunciado como inconsistente en numerosas ocasiones, sin embargo, nada menos, sirve de idea preambular para el estatuto autonómico andaluz: «Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas» (Estatuto de Andalucía, 2006).
En definitiva, el PP está rompiendo el rumbo doctrinal, en relación a su definición como partido nacional, y ello le está conduciendo, irremediablemente, a su desmembramiento.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
