La crisis política española que padecemos viene dominada desde hace casi un año por los posicionamientos de los distintos actores políticos cara a fundamentar las salidas posibles o deseables al actual bloqueo de la misma, dada la manifiesta dificultad para formar tanto una mayoría de gobierno como para lograr una mayoría parlamentaria estable.

Sin embargo, como suele ocurrir en crisis semejantes, la extensión y profundidad de la misma hace que afloren determinados elementos que ya estaban ahí pero no se verbalizaban por los actores políticos. En esta perspectiva, resulta oportuno prestar atención a lo manifestado el pasado día 18 por el Presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, con ocasión de la entrevista que mantuvo con el Grupo Parlamentario de dicha fuerza política: “Los que estamos comprometidos con el conjunto de la sociedad política, no podemos gobernar con los que tienen el propósito de fragmentarla”.

Si bien el Sr. Fernández no menciona la palabra España, su misma ocultación por la perífrasis “el conjunto de la sociedad política” indica hasta que punto se trata de un asunto crucial en la crisis que sufre su partido, dada la contestación de que es objeto el citado dirigente por los sectores de su propio partido más favorables a los movimientos secesionistas de algunas partes de España, como asimismo ocurre en el resto de las mayores fuerzas políticas españolas, en las cuales aparece de manera explícita esta cuestión bajo distintas formas.

Así, desde que rige la Constitución de 1978 hemos visto como el problema catalán ha herido a los diversos partidos que en algún momento tuvieron relevancia política en dicho territorio. Tales son los casos del PSC, de CiU o del propio PPC, amen de la organización catalana de Podemos, o, como se acaba de manifestar hace sólo unos días, en el mismo partido Ciudadanos o ¿quién no recuerda la desaparición del otrora omnipresente PSUC? Pues bien, en todos estos casos siempre ha sido central el vector de la contradicción catalana.

En el fondo, la cuestión política que se manifiesta es la de la existencia de partidos políticos nacionales, es decir de aquellos que se dirigen a la nación política en su conjunto y no a una parte de la misma, tanto da que esa parte siga el criterio de una nación fraccionaria, una clase social, un credo religioso, etc.

Según algunos estudios de opinión solventes, los españoles venimos experimentando desde la segunda mitad de 2008 un moderado pero ininterrumpido cambio de opinión sobre la organización territorial del Estado. No es este el momento de analizar con más detalle esta evolución, y menos de predecir su futuro, pero lo cierto es que disminuyen las posiciones favorables al independentismo, así como las autonomistas, mientras crecen los partidarios de una España unida.

Bien es verdad que algunos insisten en la reactivación de la Ley de Memoria Histórica (¡qué terrible error de Mariano Rajoy por no derogarla cuando tenía mayoría absoluta!), como hemos visto recientemente en ciudades como Madrid, Barcelona u Oviedo, entre otras, y también hemos vivido episodios tan significativos como la agresión a los guardias civiles en Navarra; y, como no, con el esperpéntico otorgamiento, hace un año, del premio nacional del cine a Fernando Trueba, quien en el acto de entrega –en presencia del Ministro de Cultura- hizo gala de no haberse sentido nunca español.

Ahora bien, desde la Fundación Denaes consideramos que todos estamos concernidos por la exigencia a los partidos políticos de una clara y rotunda posición al respecto, lo cual, por otra parte, les redundaría en un crecimiento del apoyo popular. Y es que, como decía en 1902 el latinista británico J. P. Postgate (1902), con otro propósito pero perfectamente extrapolable al caso que comentamos: “(…) la historia nos señala que la causa más importante de la caída de las grandes supremacías ha sido la indiferencia pasiva y cortedad de miras de sus defensores”.

Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española