Lo lógico es que Mas y sus secuaces quedaran excluidos de cualquier cargo público, pues demostrado está que su desempeño en tales puestos ha sido utilizado para dañar a la Nación española


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«¿Está dispuesto a impedir físicamente que juzguen a Mas, Ortega y Rigau?». Esa es la pregunta que hacía uno de los muchos órganos propagandísticos o medios de comunicación subvencionados por la Generalidad. La radio, tras comprobar el alcance, y acaso las consecuencias que podría acarrearle semejante consulta, se ha apresurado a matizar su pregunta, aclarando que la pregunta se refería a realizar una protesta en la calle, acción de amedrentamiento judicial ya puesta en práctica por la grey catalanista, incluidos los alcaldes, vara de mando en mano.

Nada debe extrañar que profesionales de la sedición traten de medrar en esta Cataluña dejada de la mano de los gobiernos centrales y envenenada por el catalanismo, ya sea este en su versión racista, ya en la del idealismo que se cimenta en el fundamentalismo democrático más contumaz. Como tercera vía queda la anhelada por el vocinglero Iceta, aclamado hace poco en Ferraz por proclamar, a voz en cuello, su lealtad a Sánchez, ese apuesto socialdemócrata, ahora neutralizado por cierto sector de su partido, cuya ambición personal le llevó a trenzar un acuerdo con toda fuerza antiPP e hispanófoba que tenga una mínima representación parlamentaria. Entienda el lector, aclaramos, que no equiparamos el odio al PP con la hispanofobia, pues no es el de Génova un partido que pueda llamarse rectamente patriota, sino un mero cultivador de las esencias de nuestro actual sistema constitucional que, no obstante, permanece de brazos cruzados ante numerosas violaciones de la ley, entre las que destaca sobremanera la marginación que sufre el idioma español en muchas regiones, algunas de ellas gobernadas por el partido de la doble P.

El episodio radiofónico resulta de lo más ilustrativo si tenemos en cuenta el importante peso que tienen los llamados medios de comunicación y las empresas demoscópicas. En ambos casos, los objetivos de su labor, reparemos en lo ocurrido, por ejemplo, en Hungría y Colombia, están muy alejados de aquellos con los que se presentan ante la siempre invocada y adulada «sociedad civil». Abundamos en ello, porque poco ha tardado un elemento catalanista en asomar su voz a los micrófonos de Cataluña Radio. El sujeto en cuestión, miembro de esa ERC con la que había pactado Sánchez, fiel continuador del cordón sanitario zapateril, responde al nombre del Xavier Vendrell, y ha sido consejero de Gobernación.

Con la osadía propia de un T ardá o un Rufián, siempre dispuestos a exhibir chulería y desafíos en la Carrera de Los Jerónimos, Vendrell ha hecho un llamamiento precisamente a poner en práctica lo desmentido por la radio, es decir: a impedir físicamente el juicio a Mas, Ortega y Rigau, afinando aún más la estrategia: «no pueden llegar ni los jueces ni los imputados al juzgado». En pleno éxtasis, Vendrell se ha puesto incluso apocalíptico en las ondas amigas:
«Esta es la primera vez que vamos al choque definitivo. Si esta primera partida no la ganamos empezamos muy mal. Sólo se puede ganar de una manera. Hay dos millones de personas que salimos a la calle y dijimos “señor Mas, ponga las urnas”. Estos dos millones de personas hemos de impedir que se juzgue al señor Mas».

«Estamos en este choque de trenes y vamos al final. Si nos creemos que vamos al final, Cataluña no puede permitir que se juzgue a un político por haber hecho lo que le han mandado los ciudadanos. No lo podemos permitir».
Hechas las arengas, Vendrell propone un clima de permanente agitación callejera, y trata de situar a la cabeza de la misma a la trinidad catalanista formada por Colau, Junqueras y Puigdemont.

La pirotecnia revolucionaria de Vendrell ha estallado tras las declaraciones de Arturo Mas, quijada visible de una de las más clásicas sectas catalanistas, la que nace vinculada al Pujol que extorsionó a los principales partidos políticos nacionales mientras amasaba una inmensa fortuna gracias a la colaboración de su numerosa progenie. Menos sonriente que en otras ocasiones, Mas, para el cual la Fiscalía ha solicitado una pena de diez años de inhabilitación por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, se ha apresurado a exhibir la habitual mezcla de victimismo y cinismo tan habitual en los de su condición, hasta concluir diciendo que es «un honor ser procesado por poner las urnas del 9N».

Honorable o no, que esas cosas son puramente subjetivas, recordemos a los hidalgos que exigían la decapitación en detrimento del vil ahorcamiento, lo lógico es que Mas y sus secuaces quedaran excluidos de cualquier cargo público, pues demostrado está que su desempeño en tales puestos ha sido utilizado para dañar a la Nación española, generosa madre de tan desviados y consentidos hijos a los que, desde la Fundación DENAES, deseamos el más duro de los correctivos.

Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española