Cuando se escribe este editorial, han cesado momentáneamente los debates en el Parlamento catalán convocados con el objeto de proclamar un presidente autonómico que, desde las posiciones del sector sedicioso debiera conducir a Cataluña a su independencia con respecto a una España del a que el socialdemócrata Maragall ya dijo hace años que se había convertido en residual.

Unidos por su visceral odio a la Nación pero enfrentados en cuanto al modo de gestionar y repartirse esta parte de España que pretenden amputar, los diversos grupos secesionistas han ofrecido un triste espectáculo digno de ser visto siempre y cuando el espectador sea capaz de soportar la enfermiza ideología que transpiran los diversos orates catalanistas.

Mientras esto ocurre en el corazón de Barcelona, el presidente del Gobierno, hombre experto en las lides políticas pues lleva toda su vida incorporado a tales ambientes, ha obrado con lo que muchos consideran prudencia y otros desidia. Es de suponer, es exigible, que tenga sopesadas todas las respuestas a los diferentes niveles de agresión que emanen del hemiciclo barcelonés, si bien su actuación sólo podrá ser calificada, tal es la delicada situación que atraviesa España, de manera retrospectiva. Sólo consumada la sedición o neutralizada, y únicamente tras ver los resultados de una tal neutralización, Rajoy podrá pasar a la Historia de muy diferente manera.

No obstante, y a pesar de la machacona actualidad de lo que ocurre en Cataluña, los problemas de España no se agotan en esta región, pues el caso catalán es un modelo para determinadas sectas hispanófobas que operan en diferentes territorios patrios. Las Islas Baleares, incorporadas, según la delirante ideología pancatalanista en los fantasmagóricos Países Catalanes, es, como sabe el lector, una tierra anhelada por estas organizaciones que crecieron al calor y la subvención del delictivo clan Pujol y sus múltiples tentáculos.

Con las circunstancias de excitación que vive Cataluña como telón de fondo, conviene detenerse en el caso balear que humedece los sueños de muchos catalanistas cautivos del Mito de la Cultura, la España de los cinco reinos y otros trampantojos pretendidamente históricos con los que tales grupos se alimentan ideológicamente. Teniendo muy presente lo que ocurre estos días en la Ciudad Condal cobra especial relevancia un caso que ha saltado a determinados medios de comunicación, aquellos que no comulgan del todo con el credo de la España autonomista, modelo garante de la desigualdad entre españoles en aras del cultivo de la particularidad y el aldeanismo más pedestre y a la vez petulante.

El caso en cuestión lo protagonizan Álvaro y Óscar, dos gemelos de ocho años con problemas de logopedia a los que la dirección de su colegio, un colegio público, niega las dos horas extra, ¡dos!, de clases en español, exigua suma de tiempo que llevaban recibiendo bajo recomendación médica.

Ante tal situación, la extravagante solución dada por la Consejería de Educación ha consistido en el ofrecimiento a la familia –ya hostigada por otros padres e incluso por algún miembro del PP- la posibilidad de cambiarse a un colegio concertado con un reparto más equitativo de las lenguas –español y catalán- cuyo coste ascendería a 1.700 euros al año. Una solución que ya ha sido impulsada en la propia Cataluña por un Gobierno, el de Rajoy, que es incapaz de garantizar este derecho a los españoles dentro de esa España que hoy se ve seriamente amenazada en cuanto a su integridad territorial.

Desde DENAES venimos denunciando de forma reiterativa esta gran cantidad de casos que muestran hasta qué punto en España, con el Gobierno actual y los precedentes como principales responsables, el idioma común a todos los ciudadanos se ve obstaculizado cuando no directamente prohibido mediante eufemismos tales como la inmersión lingüística, tan impensable en otros países como la propia existencia de esos grupos que ahora debaten, es un decir, en el Parlamento catalán.

La particularidad del caso balear sitúa sobre el tapete el coste de ser escolarizado en español dentro de algunas partes de España: 1700 euros de los cuales muchas familias no pueden disponer, siendo víctimas de una doble discriminación que conduce a un único lugar: el provinciano confinamiento de unos niños que crecerán con un nivel de español, lengua universal, deficiente.

Desde nuestra Fundación no podemos sino mostrar nuestro apoyo a esta familia al tiempo que volvemos a expresar nuestro estupor al comprobar que este Gobierno ahora asediado por los sediciosos. Un Gobierno cuya responsabilidad no se limita únicamente a la complicada labor de parar el golpe que se pretende dar, sino también de trabajar a un plazo más largo, garantizando la enseñanza en el idioma español y la difusión de una Historia de España. Sólo de este modo se podrá evitar que en un futuro relativamente cercano, las filas de la hispanofobia se engrosen con nuevos individuos ahormados en la hispanofobia desde las aulas en las que a menudo se adoctrina en el odio a España.

Pd. En esta línea se insistirá en las próximas I Jornadas de educación Fundación Denaes que se celebrarán el 28 de noviembre en el Centro Riojano de Madrid