La Fundación DENAES para la defensa de la nación Española declara, en el ejercicio de las funciones que le son propias, que semejante traición no puede quedar impune; manifestando su voluntad de que el Estado utilice todos los medios disponibles y toda la fuerza de obligar que le es propia, para poner fin a este proceso de secesión y ruptura de España


Los presidentes y portavoces de los grupos de sediciosos agrupados en las candidaturas de “Junts per el sí” y “las CUP”, han presentado en la mesa del parlamento autonómico de Cataluña un proyecto de nueve pasos que culminan con la secesión e Cataluña del resto de España:

En el primero de ellos, tras recordar que han recibido el mandato democrático, en las pasadas elecciones autonómicas, de convertir a Cataluña en un estado independiente, afirman la apertura de un proceso, encaminado a tal fin, no subordinado a las acciones, ni a la legislación de España.

En el segundo, declara “solemnemente” el inicio de este proceso.
En el tercero se refiere a un “proceso constituyente” ya enmarcado en el nuevo estado catalán.

En el cuarto exhorta a la administración catalana a tomar las medidas oportunas.

En quinto lugar, propone un plazo de 30 días para tramitar, en el seno de ese proceso constituyente, la asunción de las competencias relativas a la seguridad social y la hacienda pública.

En el sexto pide al parlamento regional su insumisión a las leyes españolas y, en especial, al Tribunal Constitucional al que considera “deslegitimado y sin competencias a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el estatuto catalán”; todo esto, después de asegurar que el parlamento regional de Cataluña es “depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente” y que debe iniciar el proceso de “desconexión democrática” de España
Desconexión de la que se dice, en el punto séptimo, que, además de democrática, ha de ser “pacífica, masiva, sostenida, abierta e integradora”.
En la octava se insta al parlamento a garantizar este proceso blindando estos “derechos fundamentales” contra las previsibles “decisiones” del Estado Español.

Reitera, en último lugar, que esta propuesta de “creación de un estado catalán” obedece a un mandato democrático y lo pone en conocimiento de las autoridades españolas y europeas.

Ante esta declaración, en toda regla, de un proyecto de nueve pasos para la secesión en el que, a pesar de no dar una fecha concreta, se establece con meridiana claridad las fases del proyecto de “creación” de una república catalana.
Ante la osadía de declararse independientes de la justicia española y del mismo ordenamiento jurídico que posibilita la existencia del parlamento regional catalán.
Ante un documento que de modo explícito avisa de que una parte de la ciudadanía avecindada en Cataluña y los partidos que les representan quieren robar al resto de los españoles una parte de su soberanía por la vía de los hechos.

Ante un desafío tal, perpetrado, además, desde una institución española como es el parlamento de Cataluña en manos de traidores separatistas. Desafío que quiere justificar la secesión en una supuesta “legitimidad democrática” puramente formal, dado que no se discute la forma de gobierno, sino la existencia de la materia gobernada, de tal suerte que proclamar un supuesto derecho a la secesión sustentado sobre las decisiones de una parte (ni siquiera mayoritaria) del cuerpo electoral catalán supone una escandalosa falacia de petición de principio, puesto que sólo habiendo determinado previamente al sujeto de la soberanía se puede decir que este sujeto decide “democráticamente” ser soberano.

En suma, ante este inadmisible desafío en el que, de modo subrepticio y cobarde, se advierte a España que se abstenga de usar los mecanismos coercitivos previstos por el ordenamiento jurídico entre los que destaca la defensa de la unidad indisoluble de la nación Española encomendada al ejército español, del que, como es palmario, no se menciona ni una palabra en esta infame propuesta de resolución:

La Fundación DENAES para la defensa de la nación Española declara, en el ejercicio de las funciones que le son propias, que semejante traición no puede quedar impune; manifestando su voluntad de que el Estado utilice todos los medios disponibles y toda la fuerza de obligar que le es propia, para poner fin a este proceso de secesión y ruptura de España. Y, de acuerdo con otros grupos y/o sectores de algunos partidos políticos, pide al Gobierno de la Nación la inmediata aplicación y desarrollo del Artículo 155 de la Constitución en donde se dice que:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Entendiendo que estas “medidas necesarias” a las que se refiere el artículo 155 incluyen la suspensión la autonomía catalana y el procesamiento de los impulsores de este documento por incitación a la comisión de delitos de alta traición contra España, tipificados en el título XXIII y desarrollados en el artículo 581 y siguientes, así como los delitos de insumisión a la ley y ostentación pública de la comisión de delitos. Igualmente se hace necesario recordar que el cumplimiento de esas medidas señaladas en el mencionado artículo 155 está fundamentado, a diferencia del formalismo jurídico de la resolución de los separatistas catalanes, por la fuerza del Ejército Español, garantía del cumplimiento de la ley, de la integridad territorial de España y su indivisible unidad política.

Fundación DENAES, en martes 27 de octubre de 2015