A pesar de la imputación, la amenaza sigue presente en muchos lugares, sobre todo en las aulas
Tras el incierto panorama dejado por las elecciones regionales catalanas, que a la compleja tarea de conformar un gobierno estable autonómico añade la evidente fractura social ocasionada por las facciones catalanistas, hemos podido saber que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar a Arturo Mas, Irene Rigau y Juana Ortega. El trío de confesos separatistas han quedado imputados por la celebración de la consulta del 9-N.
Los delitos por los que se les imputa son: desobediencia, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones, prevaricación administrativa y malversación. Estos actos, de ser castigados, podrían acarrear penas que van desde la multa a la prisión, pasando por la inhabilitación para cargos públicos.
La citación ha provocado, como era de esperar, numerosas reacciones tanto entre la grey separatista como entre el resto de españoles. Los primeros porque, en su esquizofrénica situación habitual, oscilan entre la desobediencia a unas leyes que tildan peyorativamente como «españolas», y la inadmisión de tales acusaciones, pues para muchos de ellos, el llamado «derecho a decidir» parece arraigar en el inexistente derecho natural y viene avalado por el fundamentalismo democrático. Los segundos, porque señalan la evidente lentitud con la que se ha obrado desde el poder judicial dado el persistente anuncio que el máximo representante del Estado en Cataluña, Mas, hizo en relación con unas votaciones que Rajoy no pudo impedir con la simple negación de la realización de las mismas.
En definitiva, las urnas se pusieron a la disposición de un más que extravagante cuerpo electoral, y es dos días después de las elecciones legales de la Comunidad Autónoma de Cataluña del 27 S cuando llega la citación para los tres interfectos, que habrán de presentarse en los juzgados el próximo día 15 de octubre, fecha coincidente con el 75 aniversario del fusilamiento del independentista Companys.
La crítica, por otro lado, ha subido de tono cuando se ha filtrado que la citación se ha querido retrasar para que no coincidiera con la campaña de las recientes elecciones autonómicas. Este dato ha enervado a grandes sectores de la población, especialmente a aquellos que creen fervorosamente en la independencia del poder judicial, ignorando que quien tiene que hacer cumplir las sentencias de los jueces es el poder ejecutivo, en este caso con Rajoy en su vértice.
En este contexto, y teniendo muy presente esa cuestión, conviene también recordar que la mayor virtud política es la prudencia, y por ello, y dado que no se atajó en su momento el proceder de Mas, ni se condenó en su momento, probablemente haya sido mejor para los intereses de la Nación, que la imputación llegue dos días después del 27 S. Y decimos esto porque somos conscientes de que, dado el ambiente que se vive en una Cataluña totalmente polarizada, la llegada en campaña de tal imputación hubiera supuesto un balón de oxígeno para el líder de CDC, pues de todos es sabido hasta qué punto el victimismo es el combustible emocional de los secesionistas.
No obstante, y dicho todo esto, conviene reparar en otros aspectos cruciales para la celebración del citado 9N. Nos estamos refiriendo, naturalmente, a todas esas personas, organizaciones e incluso instituciones públicas, que coadyuvaron en la celebración de unas votaciones hasta tal punto ilegales, que la Generalidad evitó comunicar por escrito a los colegios la solicitud de que los centros escolares se pusiesen al servicio de tan delictiva causa.
Desde la Fundación DENAES queremos incidir una vez más, y en un doble sentido, en la coloración escolar de los movimientos secesionistas españoles. En efecto, en el caso que nos ocupa, las urnas se instalaron en los colegios, es decir, en aquellos lugares en los cuales ha sido erradicado el idioma común de los españoles, al tiempo que son el escenario del adoctrinamiento que busca inocular el virus separatista en los infantes avecindados en Cataluña.
Por todo ello, sugerimos de nuevo que la reversión de la máxima amenaza que gravita sobre la Nación Española, proceso que, por otra parte, no puede revertirse de forma inmediata, comience precisamente en el teatro de la sediciosa farsa del 9 N: las aulas.
Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española
