El «cambio» político producido en las recientes elecciones municipales y autonómicas del 24 de Mayo se resume de forma muy sencilla: los ultrajes a la Nación Española se acrecientan y numerosos municipios retiran los retratos del Rey de España, cuando no intentan colocar en las fachadas enseñas sediciosas, tras haber retirado la bandera nacional
Una frase se repetía constantemente en los medios de comunicación españoles tras las elecciones municipales y autonómicas del 24 de Mayo: «El cambio ha llegado». Como si hubiéramos sido trasladados retroactivamente a la España de 1982, cuando el PSOE de Felipe González logró su abrumadora mayoría absoluta en las elecciones generales que iniciaron catorce años consecutivos de gobiernos socialistas, los medios quisieron vendernos como gran novedad lo que no era más que una mera alternancia democrática, donde uno de los actores era el ya añejo y conocido PSOE, ahora dirigido por una suerte de segunda versión de Zapatero, Pedro Sánchez, que coaligado a la «nueva casta» representada por Podemos y sus marcas electorales, expulsaba del poder al Partido Popular de prácticamente todos los municipios y autonomías, pese a haber ganado las elecciones de forma justa y democrática. Un ejemplo de total y absoluta corrupción democrática, aunque sea legal, este desbancamiento de la lista más votada mediante pactos postelectorales, a espaldas completamente de la voluntad de la mayoría de los votantes, encubierto bajo las ideas fuerza del consenso y el pluralismo que no tienen cabida cuando del PP, «la derecha», se trata, aun habiendo ganado los comicios…
Sin embargo, el presunto cambio no supuso una especial novedad en lo que a formas de gobierno municipal y autonómico se refiere; más bien lo que se ha logrado al permitir la investidura de tan peculiares personajes, que hubieran llamado poderosamente la atención del criminalista decimonónico César Lombroso, es acrecentar toda la ceremonia de ultrajes y menosprecios a la Nación Española que llevamos décadas padeciendo. No hablamos ya de los insultos a las víctimas del terrorismo de ETA de parte del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, o de los homenajes al etarra Arnaldo Otegui en los ayuntamientos madrileño y barcelonés; hablamos de la sistemática retirada en un buen número de municipios españoles de los símbolos de la Nación Española, con especial protagonismo la pasada semana.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, abrió la veda al ordenar la retirada del busto del anterior Jefe del Estado, Juan Carlos I, así como impedir la presencia del retrato del actual, su hijo Felipe VI. Las injurias y ultrajes, realizados «con normalidad democrática», a la figura del Jefe del Estado de la Nación Española, tuvieron también continuidad en la localidad vallesana de Moncada, provincia de Barcelona: el pleno municipal aprobó que el retrato de Felipe VI desaparezca del salón de plenos; la moción, presentada por el grupo municipal de la sediciosa Candidatura de Unidad Popular, dice literalmente que «es necesario retirar la imagen del rey de España de todos los espacios municipales como un gesto de normalidad, madurez e higiene democrática». Esto es, los españoles tenemos que seguir soportando, ahora más que nunca, cómo una serie de sujetos descerebrados, pero investidos de la Gracia democrática que supone poseer un cargo público (en este caso, el gobierno municipal se decidió por sorteo), ultrajan a la Nación Española con plena «normalidad democrática». La propia alcaldesa, Laura Campos, de Iniciativa por Cataluña, señaló que en lugar del retrato «habrá una imagen representativa de nuestro municipio». Uno tiembla sólo de pensar en lo que estas mentes privilegiadas pondrán en sustitución del retrato del Rey de España…
El personalismo caracteriza a estos peculiares políticos de la «nueva casta». Así, el flamante alcalde de la localidad valenciana de Simat de la Valldigna, Víctor Manzanet (perteneciente a Izquierda Unida, y sostenido en un pacto con el PSOE y la marca blanca de Podemos en Valencia, Compromiso), también decidió por iniciativa propia quitar de su despacho en el Ayuntamiento de la localidad la foto de los Reyes de España Felipe y Letizia, situando en su lugar una en la que aparece él mismo, cuando ejercía sus labores de periodista, entrevistando al escritor Juan Fuster en el año 1992. Como remate a sus ocurrencias, el nuevo regidor decidió quitar de la fachada del consistorio las enseñas de España, de la Unión Europea y de la Comunidad Valenciana y sustituirlas por una palmera [sic].
Como bien sabemos, la guerra de banderas es una constante en los municipios catalanes unidos en la sedición que constituye la ruptura de la Nación Española. Ante la sentencia judicial que les obliga a cumplirla, los consistorios gobernados por sediciosos han decidido que luzca en sus fachadas la enseña nacional… junto a una pancarta que explica que la han puesto «por imposición del gobierno central y en cumplimiento de una sentencia judicial». Es el caso del barcelonés Ayuntamiento de Igualada, que en cumplimiento de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 13 de Barcelona, ha de poner la bandera española en el edificio municipal, bajo pena de multa y posterior inhabilitación del alcalde si no lo cumple. Sin embargo, Marcos Castells, regidor de Igualada, anuncia que el próximo pleno, a celebrar el 28 de julio, verá cómo se somete a votación una moción en la que se pide colgar la bandera sediciosa catalana, la estelada, en el balcón del Ayuntamiento de forma permanente.
Desde la Fundación Denaes alertamos de esta nueva ola de injurias y ultrajes a la Nación Española, realizada con impunidad en diversos municipios de España. En consecuencia, llamamos a las autoridades competentes a imponer el respeto a la legalidad vigente y a los símbolos de toda la Nación, por encima de caprichos subjetivos e infantiles, pero sobre todo por encima de la actitud sediciosa de los mencionados sujetos, que son la más viva expresión del daño que puede hacer a una Nación una democracia corrompida.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
