Las políticas de inmersión lingüística acometidas por los separatistas en diversas autonomías no sólo buscan borrar cualquier identidad común respecto a España promocionando lenguas vernáculas e insignificantes y reduciendo al español a una lengua extranjera, sino que desgraciadamente han sido toleradas por la tibieza de los sucesivos gobiernos de la Nación Española.
De todos es sabido el caos educativo que reina en nuestra Nación desde hace tiempo, resultado de pretenciosas y vacuas reformas de la enseñanza con un núcleo fundamental: la LOGSE del año 1990 con varios precedentes de leyes orgánicas que fueron abriendo el camino a un progresivo vaciamiento de los contenidos tradicionales de la enseñanza, trivializando el papel básico de la enseñanza pública en el proceso de madurez individual (las tan temidas «reválidas» que se han intentado reimplantar ante las protestas de las asociaciones de padres, sindicatos y entes autonómicos) y convirtiendo las aulas en verdaderas guarderías, el lugar ideal para que los pedagogos puedan justificar su presencia en los centros de enseñanza «no universitaria».
Pero sin duda, añadida a esta progresiva escalada, destaca un fenómeno producto del Estado de las Autonomías: el vaciamiento de competencias del Estado, con dirección a los entes autonómicos, y especialmente las de la enseñanza, que en comunidades autonómicas como Galicia, País Vasco, Valencia o Cataluña ha propiciado una política de inmersión lingüística brutal sobre los estudiantes en lenguas vernáculas insignificantes en el contexto no sólo de España, sino en el de un mundo globalizado donde multitud de lenguas están desapareciendo, debido a que no resultan útiles para la comunicación, y donde se concentran los hablantes en varias lenguas principales: entre ellas, no sólo el inglés, sino también el español, con más de cuatrocientos millones de hablantes en todo el mundo.
Esta inmersión lingüística, donde una lengua vernácula reconocida como cooficial por las leyes (ya sea el gallego, el vasco, el valenciano o el catalán), es elevada a lengua única y exclusiva del ámbito público (convirtiendo al español, la lengua oficial de la Nación Española, en poco menos que una lengua extranjera), con irreversibles daños para los estudiantes que sufren estas políticas: es bien sabido que los niños y adolescentes, al no haber superado su etapa de maduración, son más fácilmente manipulables, moldeables por estos sujetos sediciosos que buscan el insano objetivo de la ruptura de la identidad común de todos los españoles, cuando no clara y abiertamente robarnos una parte de nuestro territorio nacional.
Frente a estas políticas mantenidas durante décadas, una evidencia de tantas de la crisis nacional en la que nos encontramos, los sucesivos gobiernos de la Nación Española han mantenido una actitud entreguista, fiándolo todo a la vía judicial: son numerosas las sentencias de los altos tribunales donde se detalla que la inmersión lingüística en una lengua meramente cooficial es algo inconstitucional, pero como los diversos gobiernos de estos lugares no han hecho lo más mínimo por ejecutarlas, y menos aún el gobierno de la Nación, esta ilegalidad se ha convertido en una costumbre irrefrenable, con daños considerables para sus receptores: alumnos que se convierten en analfabetos funcionales, incapaces de articular un discurso coherente ni en la lengua vernácula correspondiente ni en el español que tanto ellos como sus padres y todos los españoles entienden a la perfección, pese al cinismo imperante. O peor aún: la creencia, reforzada en sus mentes, de que pertenecen a una milenaria nación oprimida por una «cárcel de pueblos» llamada España, a la que hay que combatir de múltiples formas…
Esta misma semana hemos conocido que el actual Ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha interpuesto el enésimo recurso, esta vez en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra esta política que excluye de la enseñanza en Cataluña el español. Wert, que en el año 2012 presentó su proyecto de ley llamado LOMCE, afirmó que había que «españolizar a los alumnos catalanes», dando por hecho que existe una identidad catalana, si no opuesta, al menos sí ligeramente diferenciada de la identidad común de todos los españoles, cuando las cuestiones del folklorismo o de una lengua claramente minoritaria e insignificante no constituyen motivo de orgullo más que para quienes presumen irracionalmente de su propia aldea, sólo por el hecho de ser suya.
Desde la Fundación Denaes ponemos el dedo en la llaga y señalamos las insuficientes medidas tomadas por los distintos gobiernos de España durante la etapa democrática para frenar la escalada separatista vía inmersión lingüística; conminamos, si es que no lo hemos hecho ya, al actual gobierno a acometer medidas de fuerza, como suspender las autonomías rebeldes, para garantizar algo tan básico para la existencia de la Nación Española como la existencia de una escuela pública en español, dejando las lenguas vernáculas para el ámbito privado del que nunca debieron salir.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
