La denuncia que ha sufrido la Fundación Repsol, al conocerse que patrocinaba un premio escolar cuyas bases permitían presentar trabajos en cualquier idioma menos en español, pone de manifiesto la corrupta situación de la enseñanza en la región española de Cataluña


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Es bien conocido que las empresas son instituciones fundamentales en nuestras sociedades modernas. Lejos de la arcaica concepción que considera al empresario una suerte de explotador o avaro (la famosa fórmula marxista de «la explotación del hombre por el hombre»), o de la actividad empresarial como un elemento parasitario a costa del sudor ajeno (todo resumido en la desafortunada expresión, popularizada en plena crisis, que supone que las empresas socializan sus pérdidas pero privatizan sus beneficios), la actividad empresarial es la forma prototípica de la sociedad capitalista, una vez fracasado el modelo comunista soviético de pleno empleo organizado desde el Estado.

Pero las empresas capitalistas no se dedican, como burdamente se ha dicho en plena crisis, a socializar sus pérdidas y a privatizar sus beneficios; al contrario: a través de otras instituciones intermediarias como sus fundaciones socializan sus beneficios promoviendo todo tipo de actividades de las que se beneficia la sociedad en la que se hallan inmersa; y en ocasiones esas mismas actividades son una muestra, cual botón, del estado en que se encuentra esa sociedad de referencia. Precisamente, un premio escolar patrocinado por Repsol en Cataluña, en cuyas bases se permite presentar trabajos en inglés, francés, aleman e italiano (además de en la lengua vernácula catalana), no se tolera sin embargo presentarlos en español, la lengua oficial de la Nación Española.

El Premio de Investigación de Bachillerato Fundación Cataluña-La Pedrera (entidad ligada a otra empresa capitalista, la entidad bancaria «Catalunya Caixa»), patrocinado por Repsol desde hace años, contempla en consecuencia unas bases delirantes y claramente discriminatorias que no han sentado nada bien a muchos españoles residentes en Cataluña, que a través de diversas organizaciones civiles han enviado numerosas misivas de protesta ante esta actitud excluyente de Repsol. En una suerte de retrueque retórico, la respuesta de Manuel Hermógenes Romano, Director General de Comunicación y de Presidencia de Repsol, afirma que los trabajos pueden presentarse en catalán y en «una segunda lengua curricular», lo que en este caso, supone, que también incluye al «castellano» (en lugar de español), puesto que no aparece en las bases junto a las demás lenguas «extranjeras».

En este caso, una empresa española del prestigio e importancia de Repsol parece haberse acomodado a la situación de inmersión lingüística en catalán que se sufre en Cataluña, puesto que ante la queja de numerosos españoles por semejante dislate, simplemente aciertan a responder en unos términos leguleyos corruptos, donde el español, lengua común en toda España, es vergonzosamente caracterizado por la legislación autonómica como «segunda lengua curricular», o en peor situación que una lengua extranjera. Eso sí, se comprometen a que «se modifique la redacción de las bases de la convocatoria de manera que no quepa ninguna duda de que los trabajos que concurran al premio puedan ser presentados también en castellano».

Esta discriminación que desde el comienzo de la Transición democrática se viene sufriendo en Cataluña, no es una mera cuestión legal, sino ni más ni menos la prueba del deterioro y corrupción que la Nación Española lleva sufriendo desde entonces, puesto que si en el espacio público la lengua común, el español, es constantemente segregada en Cataluña (especialmente en el ámbito escolar, en el de las generaciones más jóvenes y por lo tanto más fácilmente maleables por medio de una educación tendenciosa), la identidad española de esta región se irá resquebrajando sin remedio, hasta el punto de llegar a ser algo ajeno a lo español; la independencia, aun no produciéndose de derecho, acabaría siendo un hecho.

Desde la Fundación Denaes hemos de llamar la atención no sólo sobre la corrupción que supone que la lengua española, la lengua oficial de nuestra Nación, sea reducida por las sectas antiespañolas que desgobiernan Cataluña a la mínima expresión, ante la pasividad de unos poderes públicos que, en muchos casos, la consideran al nivel del noruego o el sueco, sino también la complicidad objetiva con los separatistas de instituciones empresariales de prestigio internacional, como es el caso de Repsol, prestas sin embargo a rectificar cuando un buen número de potenciales clientes expresan sus quejas articuladamente. Celebramos la acción de las organizaciones civiles que han obligado a Repsol a posicionarse, y esperamos que vengan acompañadas de algún tipo de colaboración de las autoridades de la Nación Española para revertir este pernicioso proceso.

Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.