El rechazo de la Comisión Europea al presunto «embajador» de la Generalidad de Cataluña ante la Unión Europea pone de manifiesto el absurdo entramado de representación internacional tejido por los separatistas
Es bien conocida la propensión de las distintas autonomías, que forman parte del régimen constitucional español, a aumentar exponencialmente el número de instituciones que le son propias. Una de estas instituciones, las «embajadas» autonómicas en el exterior, bajo la discutible cuando no ridícula pretensión de que cada autonomía española dispone de una serie de «hechos diferenciales» que deben promocionar (normalmente ceremonias etnológicas o peculiaridades gastronómicas que carecen de valor como tales a nivel político, y menos aún como una identidad diferenciada de la Nación Española), ha sido muy bien explotada por los separatismos españoles: ahí tenemos las «embajadas» del «Basque Country», especialmente activas en Estados Unidos, aunque hoy día destacan las que la Generalidad Catalana ha movilizado, con una gran cantidad de recursos económicos sustraídos a otras competencias de primera necesidad, para seguir con su «hoja de ruta» para internacionalizar su proyecto separatista.
Sin embargo, la Comisión Europea ha rechazado al «representante» de los intereses separatistas catalanes ante la Unión Europea, Amadeo Altafaj, al considerar que no es un interlocutor válido, pues como señala esta Comisión, todo contacto oficial, ya sea de carácter nacional, local o regional, con las autoridades de un Estado miembro de la Unión Europea ha de hacerse con un representante permanente, esto es, con un embajador oficial de la Nación Española ante la UE. Esta determinación certifica un nuevo fracaso de Arturo Mas en su pretendida «hoja de ruta» hacia la independencia.
Esta resolución no tiene en consecuencia nada de sorprendente, y viene avalada no sólo por una mera cuestión formal o jurídica, la que reconoce la representación ante el exterior como una competencia exclusiva del Estado y privativa de las autonomías, como bien ha sentenciado el Consejo de Estado a la hora de determinar la ilegalidad de tal representante, sino por una cuestión de hecho fundamental: la existencia de una histórica y prestigiosa diplomacia española en todo el mundo, que los separatistas catalanes pretenden sustituir de forma tan burda y estúpida. Asi, la pretensión de «representar, defender y promover los intereses generales de Cataluña y asumir las relaciones con las instituciones comunitarias», que la Ley Catalana de Acción Exterior y Relaciones con la UE establece en su artículo 26, no deja de ser un papel mojado sin valor alguno, en tanto no hay un reconocimiento efectivo de terceros de la condición de Cataluña como entidad independiente de la Nación Española.
Frans Timmermans, vicepresidente primero de la citada Comisión Europea, ha sido tajante en este aspecto para responder a las interpelaciones que ha recibido, señalando que sólo se reconoce como representación válida a la Representación Permanente de cada uno de los 28 Estados miembros. Asimismo, las leyes internacionales reconocen que sólo se podrá establecer una oficina consular en el exterior si el Estado receptor otorga su consentimiento, como es el caso. Sin embargo, hubiera sido mucho mejor que en el país de origen, España, hubieran frenado previamente la pretensión de Arturo Mas con el nombramiento de su «representante» Amadeo Altafaj, antes de tener que volver a escenificar un presunto desencuentro entre la Nación Española y una parte suya considerada ya por muchos una región autónoma dentro de la «Europa de los Pueblos». Por suerte, entre esos muchos no se encuentra la Comisión Europea…
Desde la Fundación Denaes no sólo vemos como algo lógico que la Comisión Europea no haya reconocido a este seudoembajador, una nueva pretensión vacua y ridícula de generar una nueva estructura de Estado por parte de Arturo Mas en su proyecto separatista. También hemos de recordar que la existencia de la Nación Española no es una mera convención legal que un Consejo de Estado pueda decidir, como si ese comité de sabios fueran una suerte de taumaturgos capaces de autorizar el desgajamiento de un Estado, autorizando o desautorizando la celebración de un seudorreferéndum separatista como el del 9 N, o la formación de estructuras de una nación por venir; la existencia de la Nación Española supone una constitución histórica, no meramente formal, y cuyo reconocimiento por terceros es razón suficiente para que nuestras autoridades no tengan que esperar a que otros hagan el trabajo que nos corresponde, esto es, acabar con las acciones sediciosas antes que tengan oportunidad de culminar su proceso.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
