¿Qué sentido tiene que una nación política tolere, dentro de la legalidad, partidos que desde su programa a sus acciones públicas propugnan la destrucción de la misma?

Tras la tregua que ha supuesto la campaña electoral y los comicios andaluces, las facciones separatistas radicadas en Cataluña han vuelto al primer plano de la actualidad mediática al hacer público un acuerdo firmado por ERC, CDC, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural en el cual se anuncia de manera inequívoca la intención de que Cataluña se convierta en nación soberana en un plazo de 18 meses a contar desde el 27 de septiembre del presente año si los dos partidos citados se alzan con la victoria electoral. En definitiva, Mas y Junqueras, siguiendo otros ejemplos, han hecho sonar un metafórico tic tac que anuncia la cuenta atrás para la ejecución de un golpe de estado, que no otra cosa es la enajenación de una región de España por una parte de un exclusivo grupo de españoles vergonzantes.

El aviso, sustentado en un documento titulado Hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán en el cual es fácil percibir evidentes aromas electoralistas, se ha acompañado de una invitación a aquellos tibios de espíritu catalanista para que se sumen al golpe.

Las reacciones por parte del Gobierno han venido de la mano del propio Mariano Rajoy, quien ha manifestado serenamente que «ningún Gobierno de España va a autorizar la ruptura de la soberanía nacional», respuesta de impecable firmeza que, a nuestro juicio debiera venir acompañada de algo más que palabras. Veamos.

Es público y notorio que la actual situación política española, no limitada ni mucho menos a Cataluña, muestra un panorama que compromete seriamente algunos de los pilares de toda nación política tales como la desigualdad de derechos entre sus ciudadanos. Huelga abundar, en este sentido, en la imposibilidad que en numerosas regiones españolas, algunas de ellas gobernadas por partidos que se dicen nacionales, existe para escolarizar a los niños en español, o las argucias legales que arrojan como resultado una suerte de proteccionismo regionalista que dificulta enormemente la igualdad de condiciones para desarrollar actividades empresariales en diversas partes de España.

La situación, en efecto, no es nueva y sería injusto pedirle a Rajoy soluciones mágicas e inmediatas, pues a llegar al actual punto distáxico han contribuido, y a ellos atribuimos la mayor parte de la responsabilidad, los diferentes gobiernos que han habitado La Moncloa desde la aprobación de una Constitución que ya propiciaba la disgregación desde una calculada ambigüedad buscada por unos redactores que venían bien provistos de equipaje ideológico tanto desde el seno del franquismo como de una oposición que cabe al menos calificar como sui generis.

Así las cosas, la templanza, otros llamarán tancredismo, de Rajoy, ha permitido, si nos atenemos a los estudios demoscópicos, atenuar los ánimos de un separatismo plenamente consciente de la oportunidad que la profunda crisis económica que España atraviesa les presentaba. En efecto, a la espera de los efectos que el anuncio del golpe de estado pueda producir en las intenciones de voto de los catalanes, la agitación pública y mediática parece haberse sosegado, hecho que el Gobierno, creemos, debiera aprovechar para poner en marcha medidas que, al menos a medio plazo, trataran de revertir muchas de las derivas que han servido a la causa separatista, medidas que podríamos relacionar con aspectos tan importantes como el educativo, el empresarial y, en definitiva, todos aquellos que nuestra legislación, cuyo cumplimiento depende del ejecutivo, acota.

En DENAES somos plenamente conscientes de la gravedad y complejidad de la situación a la que se ha llegado; también de la responsabilidad que tienen, en primer lugar el Gobierno, pero también los partidos de implantación nacional. Apelamos, por ello, a la responsabilidad de todos estos colectivos para enderezar el rumbo de España sugiriendo una reflexión final: ¿qué sentido tiene que una nación política tolere, dentro de la legalidad, partidos que desde su programa a sus acciones públicas propugnan la destrucción de la misma?