El castigo impuesto por el Consejo General del Poder Judicial a Santiago Vidal, por participar en la redacción de la «Constitución Catalana», se queda corto en comparación a lo que merece el flagrante delito de sedición que el magistrado ha cometido.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial, pese a rechazar expulsarle de la carrera, si inhabilitó al magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, por participar en la redacción de una presunta «Constitución Catalana». Tres años de inhabilitación, plazo máximo de suspensión previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue la sanción finalmente aplicada, perdiendo así su plaza en la Audiencia de Barcelona. Pese a todo, Vidal puede aún recurrir la decisión y, mientras tanto, poder seguir ejerciendo su profesión como si nada hubiera sucedido, puesto que nadie ha ordenado la suspensión cautelar de sus funciones.
El trasfondo de la sanción, producida en medio de las habituales trifulcas del máximo organismo de gobierno de los jueces, ha sido un mero resultado de las tendencias políticas de este órgano, donde los magistrados nombrados por el Partido Popular (vulgo «conservadores») frente a los nombrados por el PSOE (vulgo «progresistas»), unidos a los de otras formaciones minoritarias (incluyendo a sectas antiespañolas como el PNV), no se pusieron de acuerdo sobre qué sanción imponer al sedicioso magistrado Vidal; de hecho, los progresistas se negaron a aplicar castigo alguno, incluyendo la suspensión cautelar del magistrado mientras no se tomase una resolución, y los conservadores, pese a que eran partidarios de imponer la expulsión, acabaron desunidos y adoptando la decisión salomónica de tres años de inhabilitación. Todo ello producto de haber reducido el número de faltas apreciadas de dos a una, decisión finalmente adoptada por el pleno del Consejo al constatar la infracción disciplinaria muy grave de «ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales».
Sin embargo, más allá de una mera cuestión formalista, derivada de la ideología propia de nuestras democracias que insisten en la separación de poderes (sin conocer a fondo que la idea original de Montesquieu era en realidad formar un contrapeso entre los tres estamentos del Antiguo Régimen, nobleza, clero y burguesía, para evitar el predominio de alguno de ellos y por tanto el despotismo), la acción de Santiago Vidal no puede verse como una mera intromisión de un miembro del poder judicial en una misión que en todo caso correspondería, por ser la redacción de un texto legal, al poder legislativo. El magistrado ha cometido un acto mucho más grave: el mero hecho de haberse probado que Vidal participó activamente en un grupo de trabajo que tenía por objeto elaborar y redactar una «Constitución catalana», desborda la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial.
Dicho claramente: lo que Vidal ha perpetrado es un claro acto de sedición, acompañado de un apoyo explícito a la consulta independentista (tras toda la publicidad que ha conseguido mediante su inhabilitación, ya se postula incluso como número dos de la lista electoral que Esquerra Republicana de Cataluña presentará para las elecciones autonómicas de septiembre); un acto que no puede incluirse dentro del derecho fundamental de libertad de expresión, porque choca con el mantenimiento de la Nación Española para la que Vidal trabaja como funcionario suyo.
Un juez no puede traicionar a la Nación a la que juró servir ni mucho menos traicionar el cuerpo legislativo que como magistrado debe aplicar, tomándose la libertad de redactar «textos alternativos» mientras que hace como si siguiera siendo juez sin mayores consecuencias. Además, Vidal colabora con este hecho a expandir el delirio separatista catalán, que postula la existencia de una nación oprimida por la «cárcel de pueblos» que para los separatistas constituye España, llegando al ridículo de componer un borrador de su constitución, como si la constitución formal de esa hipotética nación catalana pudiera ser previa a la constitución efectiva e independiente de esa nación. Dicho de otro modo: por muchos leguleyos que movilice el separatismo para proclamar la independencia de Cataluña, ésta no verá la luz hasta que realmente se desgaje de España.
Desde la Fundación Denaes aplaudimos la inhabilitación del sedicioso juez Santiago Vidal, esperando que pronto se convierta en una resolución firme sin apelación alguna. Sin embargo, consideramos escaso el castigo aplicado a lo que constituye un claro delito de sedición, y más decepcionante aún que sea el magistrado el único encausado y condenado, sabiendo que hay muchos politicastros catalanes que han participado en ese y otros actos sediciosos contra la Nación Española, y sobre los que debe caer todo el rigor de la ley, por encima de inmunidades parlamentarias que no rigen para los traidores.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
