Madrid, 22 de mayo de 2012.- La Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), que preside Santiago Abascal, ha presentado una querella criminal contra el presidente de “Catalunya Acció”, Santiago Espot y cuatro miembros de la Plataforma Proselecciones Vascas (ESAIT). Todos ellos, promotores e instigadores de la pitada a la Corona y contra el himno nacional de España en la final de la Copa del Rey, que se va a celebrar el viernes 25 de mayo en Madrid y enfrentará el F. C. Barcelona y el Atletich de Bilbao. La Fundación estudia, además, ampliar la querella contra los diputados que ayer apoyaron las actuaciones delictivas de los promotores.

El responsable del departamento jurídico y portavoz de DENAES, Fco. Javier Ortega Smith-Molina, ha afirmado que “no vería mal la suspensión del partido o su celebración a puerta cerrada si se producen actos de ultraje a la Nación o al himno nacional”. Ortega recuerda que hay naciones como Francia que “se toman en serio el respeto a los símbolos nacionales y terminaron de raíz con las provocaciones minoritarias secesionistas advirtiendo de la sanción de celebrar el partido a puerta cerrada”.

Dicho responsable de la Fundación también ha hecho hincapié en la “mayoría silenciosa”. Según Ortega, “los que pitan y muestran banderas secesionistas son una minoría irrelevante e intransigente frente a la inmensa mayoría de españoles que en una auténtica marea roja apoyaron a la selección española en el Mundial con millones de rojigualdas por las calles de todas las ciudades de España”.

El representante de DENAES ha presentado la querella criminal a las 11.00 horas de la mañana acompañado por el Letrado Director de la misma, Juan Ramón Montero Estévez y demás miembros del equipo jurídico. La Fundación DENAES considera que los promotores de la pitada han cometido los delitos de ultrajes a España y contra el himno nacional, provocación al odio por razón de origen nacional, delito de provocación a la sedición y contra el orden público, entre otros delitos, conductas todas ellas tipificadas en el ordenamiento jurídico penal, en protección a los derechos y deberes que ampara la Constitución.